En mi post anterior expuse lo necesario que me parece
regenerar la conciencia ciudadana sobre la utilidad de los impuestos,
a través de la racionalización y la transparencia en el gasto, y
cuando digo eso no me refiero a recortar en sanidad y educación,
sino en que la ciudadanía tiene derecho a saber en que se gasta el
dinero, y en opinar si cree que se está derrochando en cosas
inútiles, o en beneficios espúreos para unos pocos. No quería
limitarme únicamente a la crítica general a nuestros dirigentes,
cosa que ya he hecho ampliamente, sino que quería hacer algunas
propuestas concretas. Ya indiqué propuestas sobre como evitar los
abusos en sueldos y cargos de los políticos, y ahora quería
centrarme en como controlar el gasto en inversiones públicas.
La primera medida sería clarificar como se decide si
una infraestructura es necesaria y útil. Actualmente parece que las
inversiones se deciden en función de donde ha nacido el ministro de
turno, o si en cierta comunidad han obtenido muchos votos, y esto
tiene que acabarse pues nos ha llenado el país de aeropuertos
inoperantes, paradas de AVE en pueblos, y autopistas rescatadas.
Las infraestructuras del tipo escuelas y hospitales
se proyectan en función de la población existente y la distancia de
los trayectos, y salvo contadas excepciones, se han ejecutado de
forma bastante racional, así pues en ese campo no creo que haya que
hacer muchas reformas, simplemente dejar que los técnicos decidan
libres de injerencias políticas.
En lo referente a las infraestructuras de transporte
es donde se necesita poner orden. Habría que distinguir entre
infraestructuras de alta capacidad (autopistas, trenes, puertos y
aeropuertos), de las de baja capacidad (carreteras). Antes de
ejecutar una infraestructura de alta capacidad habría que hacer un
presupuesto y un cálculo de su utilización futura, lo que se conoce
como un cálculo de coste/beneficio. Si dicho cálculo da un
resultado por encima de cierto valor, se puede ejecutar, pero si el
cálculo da por debajo de dicho umbral se podría ejecutar pero como
infraestructura de baja capacidad, que no necesitaría pasar dicho
cálculo de coste/beneficio, a menos que se rehaga el proyecto para rebajar el presupuesto. O sea, que entre dos poblaciones de
1.000 habitantes, no se puede construir una autopista, porque no la
utilizaría casi nadie, pero sí una carretera, ya que es un derecho
básico de todos los ciudadanos tener una infraestructura de
transporte. Dicho cálculo sería vinculante, no una mera opinión de
los técnicos.
Aún así, es cierto que en ciertos casos una
infraestructura con poca demanda inicial puede servir para traer
riqueza a ciertas zonas depauperadas. Para esos casos en los que el
cálculo coste/beneficio no justifica dicha infraestructura de alta
capacidad, pero otros criterios socioeconómicos o demográficos si
que la hacen recomendable, propongo crear un impuesto específico,
que vendría a sustituir las tan polémicas transferencias de
solidaridad entre comunidades autónomas. El dinero para pagar dichas
infraestructuras infrautilizadas se tendría que sacar de un fondo
que se iría llenando con dicho impuesto solidario que pagarían los
ciudadanos en función de su renta. Si los políticos creen que hay
que hacer muchas de estas infraestructuras infrautilizadas, tendrían
que explicar a los ciudadanos que les tienen que subir dicho impuesto
de solidaridad, o esperar varios años a que se vaya recaudando para
tener suficiente dinero. Eso eliminaría de un plumazo la tendencia
de los políticos a construir aeropuertos en medio de la nada, y a la
vez nos ahorraría la eterna discusión de que comunidades pagan de
más y de menos, pues serían los ciudadanos los que sufrirían un
impuesto específico para ese fin, y no se detraería ese dinero de
las transferencias del estado a las comunidades, lo que se ha
demostrado un sistema muy opaco y fácilmente interpretable según
los intereses de cada cual.
Por último se necesitarían algunas medidas para
impedir que nos hiciéramos trampas al solitario, o sea controles
para que los presupuestos de las obras, y los cálculos de
utilización de dichas infraestructuras fueran lo más reales
posibles, y no se alteraran artificialmente para conseguir mostrar
como útiles infraestructuras que no lo son, a base de maquillar los
números. Para impedir dichos maquillajes, se podrían encargar a
funcionarios del estado, que gracias al blindaje de su empleo no
pueden ser presionados. O por ejemplo se podrían encargar dichos
estudios a empresas privadas, y en caso de que sus informes se
demuestren erróneos con desviaciones de más del 10%, vetar dicha
empresa de la contratación pública durante 5 años.
Otra medida muy necesaria sería la de impedir que en
los concursos públicos, las empresas presenten unos presupuestos
artificialmente bajos para ganar el concurso, para a continuación,
durante la obra, exigir el pago de sobrecostes que disparan el
presupuesto por la puerta de atrás sin ningún control. La solución
para impedir esta práctica es sencilla, si el coste final de una
infraestructura ejecutada por una empresa supera el presupuesto
entregado en el concurso, dicha empresa queda excluida de la
contratación pública durante 5 años. En pocos años veríamos como
las empresas se preocupan de presentar a los concursos unos
presupuestos realistas, y como el coste final de las obras se ajusta
a lo presupuestado.
Todos los contratos públicos deberían ser
publicados inmediatamente, solamente en el caso de los contratos de
defensa se podría retrasar su publicación hasta un máximo de diez
años.
Ningún contrato público podría incluir
compensaciones a las empresas privadas en el caso que las previsiones
de ingresos o costes no se ajusten a la realidad. No puede ser que a
día de hoy aún no sepamos que contrato se firmó para traer la
formula 1 a Valencia, o cuanto dinero dice el contrato que costaría
rescindirlo, o que tengamos que compensar a las concesionarias de
autopistas privadas porque se equivocaron al prever cuantos vehículos
pasarían por sus peajes. El capitalismo consiste en arriesgar tu
dinero para ganar más dinero, no en asegurar que tendrás unos
ingresos seguros aunque hagas mal los cálculos, quizás
intencionadamente.
Quizás mi propuesta intenta acotar demasiado las
decisiones de infraestructuras, pero en vista de lo mal que lo han
hecho los políticos, creo necesario devolver la responsabilidad a
los técnicos, para que sus cálculos sean vinculantes, e impedir así
que un político se gaste 200 millones de nuestros impuestos en una
estación de tren en un pueblo de 1000 habitantes, donde curiosamente
su familia tiene unos terrenos, diciendo que es de utilidad pública.
Os invito a dejar vuestra opinión sobre mis
propuestas, a dar vuestras propuestas complementarias o alternativas,
o a dejarme verde, que esto sé que también gusta mucho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario